Represión, ajuste científico y ofensiva sobre jueces

La semana mostró tres vectores centrales del mileísmo: blindaje político de la represión frente al Congreso, profundización del vaciamiento de ciencia y cultura, y avance sobre instituciones clave como la Justicia y el Banco Central. En paralelo, el Gobierno endureció su agenda antiinmigrante y negoció poder territorial a cambio de reformas.

Resumen

• El Gobierno blindó la represión frente al Congreso al defender a un comisario armado y de civil que intervino en la protesta, mientras crecieron las denuncias judiciales y legislativas por abuso de autoridad y violencia policial.
• La Casa Rosada profundizó su ofensiva sobre las instituciones: avanzó con jueces afines en tribunales federales clave, endureció por decreto las reglas para la continuidad de magistrados y empujó cambios en el Banco Central con fuerte lógica de control político.
• La agenda reeleccionista se expresó en la negociación para eliminar las PASO, con ofertas de obras, cargos y concesiones a gobernadores para asegurar votos en el Congreso y reducir la competencia interna de los partidos.
• El ajuste sobre ciencia y cultura escaló en visibilidad con denuncias por recortes de becas del CONICET, una movilización masiva en defensa de la ciencia y la resistencia al cierre del Coro Nacional de Niños.
• El Gobierno reglamentó el cobro de atención hospitalaria para extranjeros no residentes y enfrentó un amparo contra su DNU migratorio, consolidando una agenda antiinmigrante basada en restricción de derechos y herramientas excepcionales.
• Los datos sociales de la semana mostraron un cuadro regresivo: cierre de empresas, pérdida de empleo registrado, caída del salario docente y continuidad del desarme de programas y subsidios que amortiguaban el deterioro de ingresos.
• Reaparecieron señales de ofensiva contra derechos de género y diversidad, con denuncias por obstáculos al aborto en San Isidro y con una senadora libertaria cercana al núcleo presidencial planteando abiertamente su derogación.
• La libertad de expresión quedó bajo presión por agresiones a periodistas en manifestaciones, falta de respuesta a pedidos de información pública y sospechas de espionaje estatal sobre periodistas y voces críticas.

Contra la cultura

El ajuste sobre el sistema científico se convirtió en un conflicto político de escala nacional. Investigadores y becarios del CONICET —el principal organismo público de ciencia de Argentina— denunciaron en la Cámara de Diputados el recorte de casi 400 becas y el desfinanciamiento de áreas estratégicas, mientras una movilización masiva llevó el reclamo al Obelisco, en el centro de Buenos Aires [1, 2]. No se trata solo de una poda presupuestaria: el deterioro alcanza investigación energética, desarrollo tecnológico y atención de enfermedades complejas, y consolida un patrón de vaciamiento estatal que redefine la ciencia como gasto prescindible.

La ofensiva sobre organismos culturales también encontró resistencia pública. El Coro Nacional de Niños pidió en Diputados que se revierta su disolución y expuso el conflicto entre trabajadores culturales y legisladores de La Libertad Avanza, que respondieron con una lógica de subordinación administrativa antes que de protección del patrimonio público [3, 4]. En el mismo terreno, el Gobierno retrocedió con una iniciativa que afectaba a librerías independientes, una señal de que algunas medidas culturales empiezan a encontrar costos políticos cuando activan oposición sectorial organizada [5].

Contra las personas racializadas o de origen migrante

El Gobierno reglamentó el cobro de la atención en hospitales nacionales para extranjeros no residentes, formalizando cambios introducidos por el DNU 366/2025 y consolidando una agenda que vincula acceso a derechos con estatus migratorio [6, 7, 8]. Aunque se preservan emergencias con riesgo de vida, la medida instala barreras de acceso sanitario y refuerza una narrativa de escasez administrada contra población migrante. En sistemas de salud con alta fragmentación, este tipo de disposiciones suele tener efectos disciplinadores más amplios que su alcance fiscal real.

La orientación punitiva del giro migratorio también quedó expuesta en la judicialización del DNU que modifica reglas de expulsión de extranjeros. Diputados de la Coalición Cívica presentaron un amparo para frenar sus efectos mientras se discute su constitucionalidad [9]. El dato relevante no es solo el contenido del decreto, sino el uso del instrumento excepcional para intervenir sobre derechos y procedimientos, combinando securitización de la migración con concentración decisoria en el Poder Ejecutivo.

Contra la política

La represión de la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada siguió dominando la agenda. El Gobierno defendió la actuación de Gustavo Gauna, un comisario mayor que participó armado y de civil en el operativo frente al Congreso, y funcionarios del área de Seguridad llegaron a presentarlo como un actor legítimo e incluso ejemplar [10, 11]. Ese respaldo oficial transforma una controversia operativa en doctrina política: la protesta es leída como amenaza de orden público y no como ejercicio de disenso democrático.

En paralelo, la Casa Rosada aceleró negociaciones para eliminar las PASO, las primarias obligatorias que ordenan la competencia partidaria argentina. El oficialismo busca sumar gobernadores ofreciendo obras, lugares en el directorio del Banco Central y otras concesiones de poder territorial, mientras Karina Milei reordenó la agenda legislativa para concentrarse en esa meta [12, 13, 14, 15, 16]. La clave no es solo electoral: desactivar las PASO reduce incertidumbre competitiva, fortalece la capacidad de selección de candidaturas desde las cúpulas y favorece la estrategia reeleccionista del oficialismo.

La semana también dejó evidencia de un estilo de confrontación permanente que excede la política interna. Milei redobló sus ataques contra Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y principal socio regional de Argentina, y la crisis ya derivó en el retiro por tiempo indefinido del embajador brasileño en Buenos Aires [17, 18]. A nivel doméstico, el Presidente volvió a usar redes sociales para ridiculizar adversarios sindicales y opositores, desplazando la discusión pública hacia la humillación personalizada [19, 20, 21].

Contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+

La disputa por los derechos sexuales y reproductivos reapareció con dos señales convergentes. En San Isidro, uno de los municipios más ricos del país, Amnistía Internacional denunció obstáculos y desinformación en el acceso al aborto tras la suspensión judicial del protocolo local [22]. El caso muestra cómo, aun sin reforma legal nacional, los derechos conquistados pueden ser erosionados mediante trabas administrativas, judicialización y fragmentación territorial de la implementación.

Al mismo tiempo, Nadia Márquez, senadora de La Libertad Avanza y figura cercana a Karina Milei, declaró su intención de derogar el aborto legal y enmarcó esa posición en una retórica religiosa y antiigualitaria [23]. La relevancia política no reside solo en una opinión personal, sino en que expresa un puente cada vez más visible entre el oficialismo libertario y agendas neoconservadoras que buscan revertir consensos básicos de ciudadanía sexual.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

El deterioro social del programa económico volvió a aparecer en indicadores de empleo e ingresos. Según datos citados esta semana, durante la gestión de Milei cerraron 30.600 empresas y se perdieron 411.600 puestos de trabajo registrados; a la vez, en 22 de las 24 jurisdicciones cayó el poder adquisitivo del salario docente [24, 25]. El cuadro sugiere que la desinflación oficial convive con una contracción productiva y salarial regresiva, especialmente visible en actividades intensivas en trabajo y en el empleo público provincial.

El Gobierno también avanzó sobre dispositivos de protección social y subsidios que amortiguan el ajuste. Organizaciones sociales pidieron a la Corte Suprema que impida el cierre del programa Volver al Trabajo, del que dependen 900 mil personas como primer ingreso fijo, mientras se multiplican conflictos por subsidios al transporte, la energía y el gas [26, 27, 28, 29]. La lógica es consistente: trasladar costos de reproducción social a hogares y provincias, incluso cuando eso incrementa endeudamiento, informalidad y pobreza.

En el plano laboral, la reglamentación del Fondo de Cese Laboral —pieza central de la reforma impulsada por el oficialismo— refuerza la flexibilización de las indemnizaciones al permitir que las empresas instrumenten fondos específicos para cubrir despidos [30]. Sumado al récord de litigiosidad laboral reportado este año, el dato sugiere que la promesa de “modernización” convive con mayor conflictividad y con una transferencia de riesgos desde empleadores hacia trabajadores [31].

Contra la libertad de expresión y la prensa crítica

La comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió a periodistas, activistas y organismos que denunciaron agresiones policiales durante la protesta de la semana pasada, incluyendo uso irregular de armas no letales y presencia de efectivos de civil sin identificación [32]. Cuando la cobertura periodística de manifestaciones se vuelve zona de riesgo físico, el efecto disciplinador excede a las víctimas directas: limita la documentación pública de la violencia estatal y reduce la capacidad de control social sobre los operativos.

A la vez, crecieron las alertas por opacidad y posibles mecanismos de vigilancia. El Gobierno no respondió un pedido de acceso a la información sobre el eventual uso de un avión oficial por parte de Milei para asistir a un acto partidario de Flávio Bolsonaro en Brasil [33]. En paralelo, la bicameral de Inteligencia se prepara para interrogar al jefe de la SIDE en medio de sospechas de que persiste un plan de espionaje sobre dirigentes, economistas y periodistas [34].

Contra las instituciones del Estado de derecho

La principal novedad institucional fue el avance del oficialismo sobre la estructura judicial. Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para tribunales clave de Comodoro Py —el fuero federal donde tramitan las principales causas de corrupción y poder político en Argentina— siguieron su curso en el Senado, mientras la Casa Rosada impulsa también la continuidad de jueces afines en otros despachos sensibles [35, 36, 37, 38, 39, 40]. El patrón es reconocible: ocupar posiciones estratégicas en la judicatura para incidir sobre investigaciones presentes y futuras, reduciendo márgenes de autonomía del Poder Judicial.

En paralelo, el Gobierno endureció por decreto los requisitos para que jueces mayores de 75 años soliciten prórrogas y redujo instancias de participación ciudadana en esos procesos [41, 42, 43]. Leído junto con el cambio previo en los mecanismos de designación de magistrados [44], el movimiento muestra una recentralización del poder de nombramiento y permanencia en manos del Ejecutivo, un componente clásico de captura institucional.

La erosión del Estado de derecho también apareció en el blindaje político de la represión y en denuncias de uso discrecional de recursos públicos. Hubo presentaciones judiciales contra la ministra de Seguridad y mandos policiales por el operativo frente al Congreso, mientras el Ejecutivo sostuvo públicamente a los responsables [45, 46, 47, 32]. Además, continuaron las denuncias sobre desvío de fondos viales para sostener el superávit y sobre presunta compra de apoyos legislativos mediante transferencias a provincias [48, 49, 50].