Terrorismo verbal, represión callejera y tropiezo en el Senado

La semana quedó dominada por la escalada discursiva de Javier Milei contra universidades, periodistas y opositores, y por la represión a la protesta frente al Congreso. Al mismo tiempo, el Gobierno debió retroceder en capítulos sensibles de su proyecto sobre propiedad privada, mientras profundiza su presión sobre sindicatos y su avance sobre el Poder Judicial.

Resumen

• La semana estuvo marcada por la escalada autoritaria del discurso presidencial: Milei llamó "terroristas" a estudiantes, docentes, investigadores y periodistas, activando repudios del sistema científico y universitario y elevando la estigmatización de voces críticas.
• La protesta frente al Congreso por la ley de propiedad privada terminó en una fuerte represión, con heridos y detenciones, seguida por intentos oficiales de encuadrar a manifestantes como autores de delitos graves contra el orden constitucional.
• El Gobierno combinó ofensiva legislativa y retroceso táctico en el Senado: debió retirar los capítulos sobre tierras a extranjeros y manejo del fuego para evitar una derrota mayor, dejando expuesta su fragilidad parlamentaria y sus internas.
• En materia migratoria, Milei volvió a proponer arancelar universidad y salud para extranjeros, mientras el oficialismo osciló en su reforma de tierras, mostrando una doble vara entre hostilidad a migrantes vulnerables y apertura a capitales foráneos.
• La presión sobre sindicatos se intensificó con controles, amenazas de sanciones y posible judicialización del paro docente y del conflicto de prácticos navales, consolidando una estrategia de restricción del derecho de huelga.
• El ajuste regresivo fue defendido sin ambigüedades por el propio Presidente, que presentó la caída salarial del sector público como un objetivo del modelo, en un contexto de más pobreza, endeudamiento de hogares y destrucción de empleo formal.
• El oficialismo reafirmó su alineamiento con redes globales contra el aborto y los derechos sexuales, mientras la represión en el Congreso dejó también trabajadores de prensa heridos, uniendo guerra cultural y disciplinamiento mediático.
• En el plano institucional, Milei aceleró nombramientos judiciales y la reconfiguración de Comodoro Py, al tiempo que se acumularon denuncias de incumplimiento de fallos y decretos frenados por la Justicia, señales de erosión del equilibrio entre poderes.

Contra la cultura

Las declaraciones de Milei sobre supuestos "terroristas disfrazados de estudiantes, profesores e investigadores" desataron un rechazo inusualmente amplio en el sistema universitario y científico [1, 2]. Rectores, autoridades de ciencia y redes del CONICET advirtieron que no se trató de un exabrupto aislado sino de un ataque institucional contra espacios de producción de conocimiento. En la tradición global de las extremas derechas, la universidad pública aparece como enemigo interno: no solo por su autonomía, sino porque concentra saber experto, organización gremial y legitimidad social.

La apertura de la Feria de Editores quedó atravesada por el proyecto oficial para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, una norma clave para sostener diversidad editorial y equilibrio en la cadena del libro [3]. Aunque menos estridente que los ataques a las universidades, la señal es convergente: desregular mercados culturales donde la competencia pura tiende a concentrar oferta, debilitar actores independientes y erosionar mediaciones culturales no alineadas con el oficialismo.

Contra las personas racializadas o de origen migrante

Milei volvió a proponer que las personas extranjeras paguen universidad, salud y otros servicios públicos, con una formulación que las presenta como usuarias abusivas de recursos nacionales [4, 5, 6]. El argumento combina ajuste fiscal con estigmatización identitaria: transforma derechos sociales en beneficios indebidos y desplaza la responsabilidad de la crisis hacia un chivo expiatorio externo. Ese recurso es clásico en la extrema derecha contemporánea, incluso cuando los datos de uso real del sistema no justifican una narrativa de saqueo.

En paralelo, el oficialismo intentó avanzar con una reforma sobre tierras que primero flexibilizaba de modo drástico la compra por extranjeros y luego debió ser corregida varias veces por falta de votos [7, 8, 9, 10]. La contradicción fue evidente: mientras el Presidente endurece el discurso contra migrantes pobres y estudiantes extranjeros, el Gobierno negocia esquemas más permisivos para capitales foráneos sobre activos estratégicos. La combinación revela una doble vara típica: xenofobia hacia sujetos vulnerables y apertura hacia actores económicos con capacidad de inversión.

El ecosistema oficialista sumó además un salto cualitativo en violencia verbal cuando un abogado del streaming Carajo propuso "esterilizar" bonaerenses, usar napalm y hacer una "limpieza étnica" [11]. Aunque no sea una política pública formal, el dato relevante es su ubicación en la periferia comunicacional del oficialismo y la naturalización de imaginarios de expulsión, castigo biológico y aniquilación sobre poblaciones asociadas al conurbano popular.

Contra la política

La represión frente al Congreso durante la protesta contra el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" fue el hecho político más grave de la semana [12, 13, 14]. Hubo heridos, detenciones y un operativo de gran escala orientado a despejar el espacio público mientras el Senado debatía. Después, el Gobierno buscó agravar la imputación contra manifestantes, con intentos de encuadrar los hechos como atentado al orden constitucional o incluso terrorismo [15, 16]. Esa secuencia muestra una doctrina de securitización de la protesta: primero represión, luego criminalización narrativa y penal.

También se profundizó la presión sobre la conflictividad laboral. En el paro docente, Capital Humano activó controles para garantizar un 75% de prestación y amenazó con sanciones, incluida la eventual afectación de la personería gremial [17, 18, 19]. Con los prácticos navales, el Gobierno intimó a levantar la huelga, anunció sanciones y evaluó denuncias penales [20, 21, 22]. En ambos casos se consolida una estrategia de disciplinamiento de la acción colectiva mediante vigilancia estatal, coerción administrativa y judicialización.

La otra gran escena fue la derrota parcial del oficialismo en el Senado y la guerra interna que siguió [23, 24]. Para evitar un revés mayor, la Casa Rosada debió retirar capítulos sensibles, mientras Bullrich, Villarruel, Benegas Lynch y el canciller Pablo Quirno se cruzaron públicamente con descalificaciones y pedidos de renuncia [25, 26, 27]. La lógica amigo-enemigo ya no opera solo contra la oposición: también ordena el vínculo interno del oficialismo, con costos crecientes de gobernabilidad.

Contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+

La presencia de funcionarios nacionales y porteños en el desembarco en Buenos Aires de Political Network for Values, una usina transnacional contra el aborto y los derechos sexuales, confirmó la inserción del oficialismo en redes conservadoras globales [28]. No se trata solo de afinidad ideológica: estos espacios articulan agendas, financiamiento, litigio estratégico y diplomacia paralela para revertir consensos de derechos. La señal externa e interna es que el Gobierno argentino sigue dispuesto a revisar su posicionamiento en materia de autonomía reproductiva e igualdad de género.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

El Gobierno utilizó el paro docente para profundizar su ofensiva contra derechos laborales: controles de presentismo, amenaza de sanciones y aplicación extensiva de la noción de servicio esencial [29, 30, 31, 32]. En un sector con salarios deteriorados y reclamos por fondos nacionales incumplidos, la respuesta oficial fue desplazar la discusión paritaria hacia el terreno del orden público. La estrategia no apunta solo a una huelga puntual; busca redefinir el derecho de protesta de trabajadores estatales bajo un esquema de obediencia administrativa.

Milei explicitó además el sentido distributivo de su programa al afirmar que la caída salarial del sector público es una "consecuencia buscada" del modelo [33], y defendió el ajuste pese al aumento de la pobreza con la fórmula de que "la foto es horrible" pero la tendencia sería positiva [34]. Esa sinceridad política importa: el deterioro de ingresos no aparece como efecto colateral sino como instrumento deliberado del ajuste fiscal. En paralelo, distintos conflictos mostraron sus derivaciones concretas: recorte salarial en la CNEA [35], crisis de deuda de hogares [36] y destrucción de empleo formal [37].

La reforma laboral siguió acumulando cuestionamientos. Sindicatos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar retrocesos sobre jornada laboral, derecho de huelga y libertad sindical [38]. A la vez, surgieron análisis sobre el Fondo de Asistencia Laboral impulsado por Caputo y Sturzenegger, que reemplaza indemnizaciones por un esquema capitalizado y favorece formas de sindicalismo alineado con empleadores [39]. El patrón es consistente: licuar ingresos, abaratar despidos y reconfigurar la representación colectiva en términos más funcionales al mercado.

Contra la libertad de expresión y la prensa crítica

La frase de Milei sobre "terroristas disfrazados de periodistas" marcó un nuevo umbral en la hostilidad oficial contra la prensa crítica [40, 41, 42]. No fue una descalificación genérica: asoció actividad periodística con amenaza criminal, en un país donde esa retórica remite a los lenguajes de la violencia estatal. El repudio de científicos y autoridades universitarias también subrayó que la agresión alcanzó a periodistas junto con docentes e investigadores [43, 2].

El Presidente además volvió a personalizar ataques contra periodistas, esta vez contra Carlos Pagni, acusado de conspirar y de "no acertar nada" [44]. En paralelo, la represión frente al Congreso afectó de manera directa a trabajadores de prensa: SIPREBA reportó más de 20 heridos y la Comisión Provincial por la Memoria denunció disparos hacia zonas donde solo había periodistas [45, 46]. La combinación entre estigmatización desde la cúspide del poder y violencia material en coberturas de protesta configura un esquema de disciplinamiento mediático por intimidación.

Contra el medio ambiente

El oficialismo también retrocedió en el capítulo de Manejo del Fuego de su megaproyecto, luego de resistencias políticas y sociales [47, 48]. La reforma había sido cuestionada por favorecer usos especulativos del suelo y debilitar resguardos sobre territorios afectados por incendios. Aunque el Gobierno retiró ese apartado para salvar el resto de la ley, el episodio mostró que su agenda de desregulación no se limita a lo económico: incluye desmontar barreras ambientales cuando interfieren con la valorización privada de la tierra.

Contra las instituciones del Estado de derecho

El Gobierno aceleró esta semana su avance sobre la arquitectura judicial. Distintos reportes señalaron el impulso para reconfigurar Comodoro Py, el fuero federal clave en corrupción, narcotráfico y lavado, y el envío masivo de pliegos para cubrir vacantes judiciales en todo el país [49, 50, 51, 52]. La magnitud del movimiento excede la gestión rutinaria de vacantes: sugiere una estrategia de colonización preventiva de tribunales y fiscalías, central para cualquier proyecto de concentración de poder ejecutivo.

A esa dinámica se sumó el incumplimiento de decisiones judiciales. El caso más directo fue el de las universidades nacionales: según la cobertura, Capital Humano no transfirió los aumentos docentes ordenados por la Corte Suprema [53]. También PAMI volvió a desobedecer una orden judicial en el tratamiento de una jubilada oncológica [54]. Cuando el Ejecutivo o sus organismos normalizan el desacato, no solo dañan a los afectados inmediatos; erosionan el principio básico de supremacía de la decisión judicial en un Estado de derecho.

En el plano legislativo e institucional, siguieron las señales de reingeniería concentradora. La Libertad Avanza promovió eliminar el Senado bonaerense [55], mientras la Cámara Federal confirmó la suspensión del decreto que pretendía transformar el Banco Nación en sociedad anónima [56]. Ambos episodios exponen el mismo patrón: el oficialismo busca alterar estructuras institucionales por vía rápida, y encuentra límites en la Justicia o en la resistencia política, no en una vocación propia de autocontención.