Milei escala con Brasil y acelera su ingeniería de poder

La semana combinó una crisis diplomática con Brasil, una nueva ofensiva para suspender las PASO y avanzar sobre la Justicia, y el uso de la agenda migratoria como respuesta identitaria tras la polémica del Mundial. También se profundizó el ajuste sobre programas sociales y la protesta.

Resumen

• Milei abrió una crisis diplomática con Brasil al participar del lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonaro, insultar a Lula y atacar a un juez del Supremo. Brasil llamó a consulta a su embajador y el Presidente luego profundizó la escalada acusando al gobierno brasileño de financiar una campaña contra Argentina.
• La Casa Rosada concentró esfuerzos en una reforma electoral orientada a suspender o eliminar las PASO. Para ello negocia con gobernadores, ofrece recursos y busca reordenar alianzas con la mira puesta explícitamente en la reelección presidencial de 2027.
• El Gobierno avanzó en una agenda xenófoba al promover el cobro de salud y educación a extranjeros sin residencia permanente. La medida fue impulsada en la provincia de Buenos Aires, evaluada a nivel nacional y respaldada con una lectura expansiva del DNU 366/2025 para universidades.
• En el plano institucional, el oficialismo aceleró el recambio judicial con nuevas designaciones, concursos para tribunales clave y renovaciones selectivas de jueces afines. Al mismo tiempo, analiza reformas para reducir contrapesos y ampliar su capacidad de intervención sobre la estructura judicial.
• La política social se endureció con el cierre de Volver al Trabajo, que deja sin transferencia directa a cientos de miles de beneficiarios. Las protestas de organizaciones sociales, jubilados y centrales sindicales fueron respondidas con operativos policiales y aplicación del protocolo antipiquetes.
• El Ejecutivo insistió en su ofensiva contra derechos y mediaciones democráticas al intentar sostener un DNU contra tratamientos de identidad de género para menores y al confrontar con la prensa crítica. La Cámara frenó el decreto, mientras el vocero presidencial volvió a acusar a los medios de actuar con mala fe.
• En cultura, el Gobierno reactivó la “batalla cultural” tras la polémica del Mundial y avanzó con la posible derogación de la ley de precio único del libro. La combinación de nacionalismo identitario y desregulación económica impacta tanto en el clima público como en la diversidad del ecosistema editorial.

Contra la cultura

El Gobierno volvió a usar la llamada “batalla cultural” como dispositivo de unificación política tras la polémica internacional posterior a la derrota de la selección argentina. Javier Milei y su entorno reagruparon su discurso contra el “wokismo”, el kirchnerismo y adversarios internos, convirtiendo un episodio deportivo en una disputa ideológica más amplia [1]. Ese mecanismo no busca solo responder críticas externas: también desplaza la discusión sobre costos económicos y sociales hacia un terreno identitario donde el oficialismo se siente más competitivo.

En paralelo, el Ministerio de Desregulación impulsa la derogación de la ley de precio único del libro, una norma aprobada en 2022 que el sector considera clave para sostener librerías y diversidad editorial [2, 3, 4]. La medida se presenta como desregulación económica, pero afecta una infraestructura cultural que no depende solo del mercado concentrado. En un país con fuerte centralización editorial, eliminar ese esquema puede favorecer a grandes plataformas y cadenas en detrimento de librerías independientes, reduciendo pluralidad de circulación cultural.

Contra las personas racializadas o de origen migrante

La respuesta oficial a la controversia desatada durante el Mundial incluyó una escalada contra la población extranjera. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la provincia de Buenos Aires un proyecto para arancelar salud y educación a extranjeros sin residencia permanente, mientras el Gobierno dejó trascender que evalúa replicarlo a nivel nacional y ratificó que las universidades ya pueden cobrarles al amparo del DNU 366/2025 [5, 6, 7, 8, 9, 10]. La secuencia articula nacionalismo punitivo y ajuste fiscal regresivo: se construye a los migrantes como chivo expiatorio para legitimar restricciones de derechos sociales.

La semana también mostró tolerancia política hacia discursos racializados. En Mendoza, el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos sobre la selección de Francia fue rechazado con apoyo del oficialismo y aliados de La Libertad Avanza y el PRO [11, 12, 13]. Al mismo tiempo, la posición argentina frente a debates internacionales sobre racismo y reparación histórica fue cuestionada por su negativa a acompañar una condena más firme [14]. No se trata de episodios inconexos: forman parte de una normalización de retóricas excluyentes desde espacios de poder.

Contra la política

La prioridad política del oficialismo fue avanzar con la suspensión o eliminación de las PASO, una reforma que en la Casa Rosada vinculan explícitamente con la reelección de Milei en 2027. Distintas coberturas coinciden en que el Gobierno negocia con gobernadores, ofrece obras, financiamiento y acuerdos territoriales, y diseña una estrategia por etapas para modificar las reglas electorales con una oposición fragmentada [15, 16, 17, 18, 19, 20]. El patrón es conocido en experiencias de derechas radicales: alterar la competencia antes que ampliar consensos.

En el plano represivo, la gestión volvió a responder con fuerzas de seguridad a protestas de movimientos sociales, jubilados y sindicatos contra la baja del programa Volver al Trabajo y el deterioro de ingresos. Hubo operativos en Puente Pueyrredón y en el Congreso, con aplicación del protocolo antipiquetes y un gasto acumulado de más de 2.000 millones de pesos en operativos sobre marchas de jubilados durante 2025 [21, 22, 23, 24]. La combinación de ajuste y coerción apunta a elevar el costo de la movilización social.

La ofensiva política se proyectó además al exterior con el apoyo explícito de Milei a Flávio Bolsonaro en Brasil y los insultos a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” [25, 26]. La escalada derivó en una crisis diplomática: Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y el Presidente redobló luego al acusar al gobierno brasileño de financiar una “campaña antiargentina” [27, 28, 29, 30, 31, 32]. La lógica ya no es solo ideológica; también compromete una relación estratégica con el principal socio comercial argentino.

Contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+

La Cámara frenó de manera preliminar el DNU con el que el Gobierno había prohibido tratamientos de identidad de género para menores, al considerar que restringe un derecho reconocido por el Congreso sin justificación suficiente [33]. El fallo expone uno de los rasgos más consistentes del oficialismo en este eje: intentar revertir por decreto derechos consolidados en materia de diversidad y autonomía corporal.

El episodio también muestra que la avanzada anti-LGTBIQ+ no se limita al discurso cultural. El Ejecutivo utilizó una herramienta excepcional, el decreto de necesidad y urgencia, para modificar un régimen legal debatido y sancionado por el Poder Legislativo. Esa vía refuerza una estrategia de confrontación con consensos democráticos previos, en la que los derechos de niñas, niños y adolescentes trans aparecen como terreno de experimentación ideológica.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

La semana estuvo marcada por el cierre definitivo de Volver al Trabajo, el último gran programa de transferencia directa heredado del ciclo anterior. Según las coberturas, 917.678 beneficiarios no serán incorporados automáticamente al nuevo esquema de capacitación, que además no prevé una prestación económica directa [34]. Esa decisión se combinó con protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y con la movilización de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales junto a jubilados frente al Congreso [35, 36, 37, 38]. El recorte no es administrativo: redefine la relación del Estado con la pobreza en clave punitiva y de desprotección.

En materia laboral, el Gobierno volvió a intervenir sobre los aportes sindicales mediante decreto, alterando la base de cálculo y excluyendo conceptos como horas extras, bonos y aguinaldo, mientras negocia parcialmente con la CGT para evitar una confrontación mayor [39, 40, 41, 42, 43]. La oscilación entre hostilidad y concesión táctica no cambia el sentido general: debilitar mediaciones colectivas y reordenar el mundo del trabajo a favor del Ejecutivo y de los empleadores.

También persistió el deterioro de ingresos reales y de prestaciones sociales sensibles. Las críticas al costo de vida y a la pérdida de poder adquisitivo convivieron con una actualización de apenas 1,9% para aranceles de prestaciones de discapacidad, atada a una medición inflacionaria cuestionada por seguir usando una canasta desactualizada [44, 45, 46]. Cuando los indicadores se rezagan respecto del consumo efectivo, el ajuste estadístico se convierte en ajuste material.

Contra la libertad de expresión y la prensa crítica

La relación del Gobierno con la prensa crítica volvió a tensarse en la conferencia del vocero Adrián Ravier. Ante preguntas por las agresiones presidenciales a periodistas, el funcionario evitó responder de fondo y atribuyó a los medios interpretaciones de “mala fe” [47, 48]. La escena importa menos por el incidente puntual que por el método: deslegitimar la mediación periodística, desplazar la responsabilidad del poder hacia quienes informan y construir una esfera comunicacional donde toda crítica sea presentada como operación.

Ese tipo de hostigamiento verbal funciona como cobertura política para un ecosistema oficialista que convierte a la prensa en adversario permanente. En gobiernos de extrema derecha, la acusación de mala fe, manipulación o campaña coordinada no suele buscar refutar datos, sino erosionar la credibilidad de cualquier actor que pueda fiscalizar al Ejecutivo. La consecuencia es un clima de disciplinamiento informal que empobrece el debate público.

Contra el medio ambiente

Las discusiones en torno al proyecto oficialista de “inviolabilidad” de la propiedad incluyeron alertas sobre sus efectos ambientales. La senadora Carolina Moisés sostuvo que la iniciativa facilitaría la venta de tierras a intereses extranjeros y debilitaría la protección de recursos naturales [49]. Aunque el debate aparece formulado en clave patrimonial y de seguridad jurídica, el impacto de fondo remite al control sobre territorio, bienes comunes y capacidad estatal de regulación.

Ese punto se conecta con la orientación general del oficialismo a favor de desregulación, apertura de activos y reducción de controles. En contextos de escasa fiscalización, las reformas sobre tierras y propiedad suelen ampliar la presión extractiva y reducir herramientas de preservación ambiental, especialmente en zonas con alta conflictividad por uso de suelo y recursos estratégicos.

Contra las instituciones del Estado de derecho

El frente institucional mostró una aceleración del recambio judicial y del rediseño de tribunales estratégicos. El Gobierno llamó a concursar la vacante del camarista Martín Irurzun, admitió criterios discrecionales para sostener o no a jueces mayores de 75 años y renovó en su cargo a Víctor Pesino, el camarista laboral que había habilitado la reforma laboral [50, 51, 52, 53, 54]. Además oficializó decenas de nombramientos y ya acumula cerca de un centenar de designaciones, mientras analiza reducir estructuras en Comodoro Py y Casación [55, 56, 57, 58, 59]. El patrón es de captura institucional gradual: cubrir vacantes, premiar afinidades y rediseñar órganos de control judicial.

A eso se suma la intención de pedir nuevas facultades delegadas para profundizar reformas por fuera del trámite legislativo ordinario y la adhesión a acuerdos internacionales sin información suficiente al Congreso, como “Pax Silica” con Estados Unidos [60, 61]. En paralelo, las universidades denunciaron que el Ejecutivo sigue sin cumplir una cautelar firme de la Corte Suprema sobre financiamiento universitario [62]. La acumulación de estas conductas indica algo más que conflicto entre poderes: un Ejecutivo que concibe los controles como obstáculos a neutralizar.

La visita de Milei a Brasil agregó una dimensión externa a esa erosión institucional. El Presidente insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, lo que motivó respuestas del titular de la Corte brasileña y amplificó la crisis bilateral [63, 64, 65, 66, 67]. Cuando un jefe de Estado convierte a magistrados en blancos de agravios personales, no solo deteriora vínculos diplomáticos: también normaliza la deslegitimación del poder judicial como actor autónomo.