Reelección por decreto, ajuste social y avance judicial

La Casa Rosada concentró la semana en rediseñar reglas electorales para 2027, mientras profundiza el ajuste sobre salarios, discapacidad y subsidios. En paralelo, avanzó sobre áreas estratégicas del Estado y del Poder Judicial, y sostuvo una ofensiva ideológica sobre ciencia, educación y memoria.

Resumen

• La Casa Rosada colocó en el centro de su estrategia la reforma electoral para 2027: eliminación de las PASO, retorno de colectoras y acuerdos con gobernadores para ordenar alianzas en beneficio de la reelección de Milei.
• El Gobierno profundizó un ajuste social regresivo sobre salarios, discapacidad, subsidios al gas y prestaciones públicas, mientras la Justicia tuvo que intervenir incluso para destrabar paritarias como la de la UOM.
• Se consolidó un avance sobre el Poder Judicial mediante revisión de concursos, negociación acelerada de pliegos y designaciones en tribunales sensibles, en paralelo con denuncias de búsqueda de influencia sobre causas de alto impacto político.
• Milei insistió con adaptar a la Argentina una lógica de “shutdown” estatal, una propuesta que ampliaría la discrecionalidad del Ejecutivo sobre gasto, salarios públicos y continuidad de funciones esenciales.
• El sistema científico y educativo volvió a ser blanco del ajuste: despidos en la CNEA, denuncias de fuga de cerebros y nuevos informes sobre la caída cercana al 50% del presupuesto en educación y ciencia.
• La ofensiva ideológica oficialista avanzó sobre memoria y educación con la promoción de la “memoria completa” en una escuela dependiente de Defensa, mientras persisten disputas por sitios y políticas de memoria.
• El ecosistema libertario volvió a exhibir rasgos de radicalización discursiva, desde la retórica presidencial contra el Congreso hasta expresiones racistas de una dirigente alineada con Milei que derivaron en un conflicto diplomático con Francia.

Contra la cultura

El Gobierno quedó esta semana asociado a una nueva escalada de desfinanciamiento y conflicto con el sistema científico-tecnológico. Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denunciaron despidos de 62 profesionales en áreas estratégicas, mientras la Academia Nacional de Ciencias alertó por una “grave fuga de cerebros” y por el vaciamiento del sector [1, 2]. La secuencia no remite a un ajuste administrativo aislado: afecta capacidades estatales de largo plazo en energía, investigación y formación avanzada, y encaja con una lógica de desjerarquización del conocimiento público.

Esa orientación también aparece en los datos presupuestarios. Informes citados esta semana señalaron que el gasto nacional en educación se redujo casi a la mitad en dos años y que la ciencia acumuló una caída real de 46,5% durante la gestión libertaria [3]. En un país donde universidades y organismos públicos sostienen gran parte de la investigación, el recorte no solo contrae servicios presentes: promueve desigualdades territoriales, desalienta carreras científicas y refuerza un modelo económico menos intensivo en conocimiento.

La ofensiva cultural no se limita al presupuesto. El Ministerio de Defensa impulsó en el colegio Dámaso Centeno una actividad sobre la “otra mirada” de los años 70, en línea con la narrativa de “memoria completa”, cuestionada por la comunidad educativa [4]. En paralelo, el conflicto por el retiro de una obra de Helmut Ditsch de la Casa Rosada volvió a mostrar intervención política sobre símbolos culturales [5]. En ambos casos, el gobierno y su entorno usan instituciones públicas para ordenar sentidos sobre arte, educación e historia.

Contra las personas racializadas o de origen migrante

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, alineada con el oficialismo libertario, fue declarada “persona no grata” por la embajada de Francia tras llamar al seleccionado francés “equipo africano” y rechazar luego el carácter racista de sus dichos [6, 7]. La respuesta diplomática fue inusual y explícita: “el racismo no es una opinión, es un delito”. El episodio importa menos por su costo protocolar que por la normalización de una retórica etnonacionalista que reduce ciudadanía y pertenencia a criterios raciales, un patrón frecuente en derechas radicalizadas.

Contra la política

El eje central de la semana fue la ingeniería electoral de la reelección. La Casa Rosada insistió con eliminar las PASO, reintroducir colectoras o habilitar esquemas de adhesiones múltiples para negociar con gobernadores y ordenar alianzas de cara a 2027 [8, 9, 10, 11, 12]. Aunque el oficialismo no tiene todavía los votos en el Senado, la persistencia del tema muestra un intento de rediseñar las reglas de competencia en función de la debilidad opositora y de las necesidades territoriales de La Libertad Avanza.

Las negociaciones con mandatarios provinciales aparecieron además atravesadas por incentivos fiscales y políticos. Distintos reportes describieron un “operativo reelección” basado en acuerdos con gobernadores, promesas de apoyo local y margen para desplazar candidaturas propias o ajenas [13, 14]. En simultáneo, las transferencias no automáticas a provincias cayeron 61,8% interanual en el primer semestre [15]. Esa combinación de ajuste discrecional y negociación electoral refuerza la dependencia de los ejecutivos subnacionales frente al poder central.

En el plano discursivo, Javier Milei volvió a presentar al Congreso como una amenaza desestabilizadora y habló de intentos de “golpe de Estado” por parte de la oposición legislativa [16]. Ese encuadre busca deslegitimar la deliberación parlamentaria y convertir controles institucionales en obstrucción ilegítima. La narrativa antipolítica, fundacional en el mileísmo, ya no se dirige solo contra la “casta”: también erosiona la legitimidad de cualquier actor que dispute el programa oficial por canales democráticos.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

La política social del Gobierno mostró esta semana dos núcleos duros de ajuste: salario e ingresos, y discapacidad. La Justicia debió intervenir para destrabar la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) después de que la Secretaría de Trabajo frenara la negociación [17]. A la vez, informes económicos señalaron que el salario mínimo siguió perdiendo poder adquisitivo y que, aun con alguna mejora reciente del ingreso disponible, los hogares pobres continúan peor que al inicio de la gestión [18, 19]. El patrón es de disciplinamiento salarial en nombre del equilibrio fiscal.

La situación de las personas con discapacidad volvió a exponer un ajuste especialmente regresivo. Según un informe del CELS, el Ejecutivo mantiene sin respuesta más de 200 mil pedidos de pensión, otorgó poco más de 8 mil beneficios y recortó más de 110 mil durante la era Milei [20]. Un año después de la sanción de la Emergencia en Discapacidad, instituciones de apoyo siguen al borde del cierre y el Estado incumple buena parte de la norma [21]. No se trata solo de reducción del gasto: se produce un vaciamiento de derechos para una población de alta vulnerabilidad.

También avanzaron recortes con impacto territorial amplio. El Gobierno sostiene la idea de un “shutdown” para apagar áreas estatales cuando agoten su presupuesto, lo que implicaría salarios públicos impagos y poda de prestaciones [22]. En paralelo, negocia en el Senado la quita de subsidios al gas para 55 localidades bonaerenses y otras zonas frías del país [23]. En un contexto de endeudamiento récord de los hogares, estas decisiones trasladan el costo del ajuste a familias trabajadoras y sectores medios empobrecidos [24].

Contra la libertad de expresión y la prensa crítica

Un análisis comparativo sobre el uso de trolls en los entornos de Donald Trump y Javier Milei señaló que ese estilo confrontativo desvirtúa el debate público, legitima formas agresivas de intervención y deteriora la calidad democrática [25]. Aunque no describe una medida estatal puntual, sí aporta evidencia sobre un dispositivo central del ecosistema oficialista: hostigar, saturar y disciplinar la conversación pública mediante milicias digitales y desinformación polarizante.

En política exterior también apareció una práctica de silenciamiento. La Cancillería ordenó no pronunciarse ante una “provocación” británica para no afectar el futuro viaje de Milei al Reino Unido, lo que generó malestar entre diplomáticos de carrera y sectores militares [26]. El episodio sugiere un manejo vertical de la palabra pública estatal, donde la comunicación oficial queda subordinada a conveniencias tácticas del liderazgo presidencial.

Contra el medio ambiente

La evidencia de la semana sobre este eje fue más indirecta, pero relevante. Un análisis político vinculó la nueva agenda oficialista con intentos de debilitar normas de protección territorial, entre ellas la Ley de Manejo del Fuego, para facilitar negocios inmobiliarios y extractivos en zonas sensibles [27]. El punto central es la cobertura ideológica: bajo la retórica de reforma y propiedad privada, se promueve una flexibilización regulatoria que reduce la capacidad preventiva del Estado sobre tierras, bosques y áreas estratégicas.

Contra el pasado y la memoria histórica

La intervención del Ministerio de Defensa en el colegio Dámaso Centeno para promover una clase sobre la “otra mirada” de los años 70 volvió a mostrar cómo la narrativa de “memoria completa” busca ingresar al sistema educativo [4]. En Argentina, esa fórmula suele funcionar como relativización del terrorismo de Estado y desplazamiento del consenso construido desde 1983 sobre verdad, justicia y responsabilidad estatal por los crímenes de la dictadura.

En contraste con esa ofensiva revisionista, la fiscalía pidió investigar a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino y por incumplir deberes de preservación de sitios de memoria [28]. La coexistencia de ambos hechos ilustra una disputa más amplia: mientras sectores estatales impulsan reinterpretaciones exculpatorias del pasado represivo, otros ámbitos judiciales y de derechos humanos intentan sostener políticas activas de memoria.

Contra las instituciones del Estado de derecho

El otro gran frente de la semana fue el avance sobre el Poder Judicial. El Gobierno pidió revisar un concurso clave para la Cámara Federal de Casación y, al mismo tiempo, aceleró negociaciones en el Senado para cubrir cerca de 100 cargos judiciales [29, 30, 31]. En paralelo, distintos reportes advirtieron que la Casa Rosada apura designaciones de camaristas que podrían incidir en la causa LIBRA [32]. Más que una discusión técnica sobre vacantes, aparece una estrategia de captura institucional en tribunales decisivos para causas de alto impacto político.

El proyecto presidencial de importar un esquema de “shutdown” estadounidense sumó preocupación institucional. Milei volvió a defender una regla para “cerrar el Estado” y limitar el gasto de dependencias sin presupuesto [33, 34, 35]. En el sistema argentino, donde el diseño presupuestario y la continuidad de servicios públicos dependen de equilibrios federales y legislativos distintos a los de Estados Unidos, esa propuesta supone una expansión del poder ejecutivo sobre funciones básicas del Estado.

También hubo señales de vaciamiento o reconfiguración de áreas estratégicas. El conflicto en CNEA derivó en denuncias de desmantelamiento del sistema nuclear y privatización de capacidades desarrolladas por el Estado [36, 37]. A eso se sumaron cuestionamientos a la concesión de la Hidrovía por presunto direccionamiento [38], al impulso privatizador sobre AySA, Enarsa y Arsat [39], y a un proyecto para destrabar obra pública mediante un régimen excepcional que reduciría la exposición del Estado a juicios [40]. La constante es un rediseño institucional con menor control público y mayor discrecionalidad ejecutiva.