Santilli concentra poder mientras la Justicia frena a Milei

La semana estuvo marcada por la reorganización del Gabinete en torno a Diego Santilli, con impulso oficial para suspender las PASO y ordenar la campaña reeleccionista. A la vez, la Justicia anuló el DNU sobre ciudadanía y crecieron las señales de vaciamiento institucional, científico y social.

Resumen

• Diego Santilli asumió como pivote de una nueva fase oficialista: concentración de funciones en la Jefatura de Gabinete, negociación con gobernadores y ordenamiento del frente legislativo para sostener el proyecto reeleccionista [1, 2].
• La Casa Rosada puso como prioridad la reforma electoral para suspender las PASO y explorar colectoras, con el objetivo explícito de dificultar la organización opositora y mejorar la posición del oficialismo hacia 2027 [3, 4, 5].
• La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU sobre ciudadanía y migraciones por inconstitucional, frenando un intento del Ejecutivo de quitar atribuciones al Poder Judicial y endurecer la política migratoria por decreto [6, 7].
• El Gobierno profundizó un patrón de vaciamiento institucional y científico: despidos y represión en la CNEA, conflicto presupuestario con universidades y denuncias de opacidad en tasaciones de activos públicos para privatizar [8, 9, 10].
• El ajuste siguió trasladando costos a trabajadores y sectores populares mediante suba del peso tarifario, recorte del empleo público, caída del trabajo registrado y paralización de obras en barrios populares [11, 12, 13, 14].
• La confrontación con la prensa crítica se mantuvo como política de gobierno: tras la salida de Adorni, Milei y su nuevo vocero volvieron a denunciar operaciones mediáticas y a plantear la relación con periodistas como una disputa de combate [15, 16, 17].
• Reapareció con fuerza la agenda antigénero, con ataques a la Educación Sexual Integral desde el gobierno porteño y una estrategia discursiva que presenta los cuestionamientos públicos como censura al conservadurismo [18, 19].
• Milei volvió a banalizar la dictadura al comparar logros de su gestión con los de los militares, en una intervención que erosiona el consenso democrático argentino sobre memoria, verdad y justicia [20].

Contra la cultura

El conflicto por la obra de Helmut Ditsch en Casa Rosada mostró una forma de administración cultural basada en discrecionalidad y subordinación política. El artista denunció condiciones “humillantes” para retirar una pintura removida de la sala Eva Perón y apuntó a Karina Milei [21]. No se trata solo de una disputa patrimonial: cuando el Ejecutivo controla exhibición, circulación y devolución de obras en sedes oficiales, convierte la política cultural en un mecanismo de disciplina simbólica.

El ajuste sobre ciencia y universidad volvió a escalar con efectos materiales e institucionales. En la Comisión Nacional de Energía Atómica hubo despidos, protestas y presencia de Gendarmería en la sede central [8], mientras en Diputados la oposición exigió al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre partidas universitarias [9]. La combinación de desfinanciamiento, conflicto represivo y resistencia a ejecutar sentencias refuerza un patrón de vaciamiento del sistema público de producción de conocimiento.

Contra las personas racializadas o de origen migrante

La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU 366/2025 que transfería a Migraciones facultades sobre ciudadanía y modificaba el régimen migratorio. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones al quitarle al Poder Judicial una competencia sensible [7, 22]. El dato político central es que una de las iniciativas más alineadas con la agenda global de endurecimiento migratorio de la extrema derecha encontró un límite judicial por su inconstitucionalidad.

En paralelo, persistieron políticas de segmentación de derechos según nacionalidad. La reglamentación para cobrar prestaciones a extranjeros y activar mecanismos de recupero de costos, bajo el argumento de proteger la gratuidad para residentes locales, consolida un enfoque que presenta a la población migrante como carga fiscal [23]. Ese encuadre no solo restringe acceso a servicios, también ofrece cobertura ideológica para desplazar hacia los migrantes responsabilidades que corresponden al ajuste estatal.

Contra la política

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete ordenó una nueva fase de acumulación oficialista, menos centrada en la retórica anti-casta y más en la construcción de acuerdos de gobernabilidad para 2027. Distintas coberturas coinciden en que su misión inmediata es recomponer la relación con gobernadores, contener tensiones con el PRO y volver operativa la agenda legislativa tras la caída de Manuel Adorni [2, 24, 25]. El movimiento revela un oficialismo que, ante el desgaste discursivo, reemplaza pureza ideológica por pragmatismo de aparato.

El eje más consistente de esa nueva etapa es la reforma electoral para suspender las PASO y, si no hay votos suficientes, incorporar mecanismos como colectoras. La Casa Rosada negocia con gobernadores y aliados bajo la premisa explícita de que sin primarias la oposición tendrá más dificultades para ordenar candidaturas y competir en 2027 [26, 3, 27, 28, 4, 5, 29]. Más que una discusión técnica, es una intervención sobre las reglas de competencia con sesgo oficialista.

Karina Milei reforzó además el control vertical sobre la bancada libertaria y la agenda parlamentaria. Reunió legisladores, intervino la coordinación interna y avanzó sobre espacios antes asociados a Patricia Bullrich, con el objetivo de subordinar la acción legislativa a la estrategia del Ejecutivo [30]. En paralelo, Javier Milei elevó el tono de la deslegitimación opositora al calificar como “traidores a la patria” a quienes cuestionen su ideario, una retórica que endurece la frontera amigo-enemigo y reduce el pluralismo a obediencia [31, 32].

Contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+

La ofensiva contra la Educación Sexual Integral reapareció desde el gobierno porteño, alineada con el repertorio antigénero que la extrema derecha regional usa para disputar escuela, familia y autoridad moral. Clara Muzzio definió la ESI como una “trampa mortal”, habló de “ideología de género” y pidió revisar sus contenidos [18, 19]. La ESI en Argentina es una política pública vigente desde 2006 y su cuestionamiento no apunta solo a materiales pedagógicos: busca desacreditar consensos básicos sobre prevención, autonomía y diversidad.

El episodio también mostró un intento de reencuadrar las críticas como censura al debate conservador. Muzzio respondió apuntando contra periodistas, legisladores y usuarios de redes que cuestionaron sus dichos [33]. Esa inversión discursiva es habitual en la nueva derecha: presenta como persecución la contestación pública a mensajes que atacan derechos ya reconocidos, y así busca recentrar el debate en supuestos excesos del progresismo en lugar del contenido regresivo de sus propuestas.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

El deterioro de las condiciones materiales de vida volvió a expresarse en indicadores concretos. Según datos relevados esta semana, los hogares de menores ingresos ya destinan 22% de su presupuesto a electricidad, gas, agua y transporte, cuatro veces más que al inicio de la gestión Milei [11]. A la vez, el Estado dejó de actualizar automáticamente el financiamiento de la Tarifa Social SUBE frente a cada aumento del boleto [34]. El ajuste fiscal se sostiene así trasladando costos a los sectores populares.

El mercado de trabajo siguió mostrando señales de contracción regresiva. Se reportó una pérdida de 497.000 puestos registrados desde diciembre de 2023 a febrero de 2026 [13], mientras el recorte en la administración pública ya alcanzó 70.000 empleos según cifras difundidas a partir de datos del INDEC [12]. En la CNEA, además, los despidos se combinaron con presencia de fuerzas de seguridad ante las protestas [8]. El patrón no es solo achicamiento estatal: es disciplinamiento laboral mediante incertidumbre, reducción salarial indirecta y represión preventiva.

También persistió el freno a políticas de integración urbana para sectores vulnerables. Movimientos sociales, la organización Techo y curas villeros denunciaron que el gobierno mantiene paralizadas desde hace siete meses obras en barrios populares pese a contar con presupuesto aprobado [14]. Cuando se suspenden estas intervenciones en contexto de ajuste tarifario y caída del empleo, la pobreza deja de ser tratada como problema de derechos y pasa a ser administrada como externalidad del equilibrio fiscal.

Contra la libertad de expresión y la prensa crítica

La salida de Manuel Adorni no redujo la confrontación oficial con la prensa; por el contrario, la crisis fue narrada por el propio oficialismo como producto de “ataques mediáticos”, y Milei volvió a responsabilizar a los medios mientras respaldaba a su exjefe de Gabinete [15]. El episodio confirma que, ante escándalos de gestión, la reacción no es ampliar rendición de cuentas sino desplazar el foco hacia una supuesta conspiración periodística.

El nuevo vocero, Adrián Ravier, mantuvo la misma línea al cuestionar a los medios por recuperar viejos cruces con Milei y por el tratamiento de sus declaraciones sobre tarifas y consumo de gas [16, 35]. A eso se sumó una reunión de Milei con legisladores oficialistas en la que, según una de las coberturas, hubo “tips” para la disputa con periodistas y medios [17]. El vínculo con la prensa crítica aparece así concebido como terreno de combate político, no como un componente normal del control democrático.

Fuera de la esfera estrictamente mediática, también hubo restricciones directas a la expresión. El Ejército prohibió a sus efectivos formular quejas en redes sociales y WhatsApp en medio de reclamos por salarios, comida e infraestructura [36], y Clara Muzzio respondió a sus críticos apuntando contra periodistas y usuarios [33]. Son episodios distintos, pero ambos muestran el avance de lógicas de silenciamiento sobre actores que exponen efectos del ajuste o cuestionan el discurso oficial.

Contra el pasado y la memoria histórica

Javier Milei volvió a banalizar el terrorismo de Estado al afirmar que su gobierno logró “cosas que ni los militares lograron” [20]. En Argentina, donde la última dictadura dejó un consenso democrático construido sobre memoria, verdad y justicia, esa comparación no es una excentricidad retórica: corre el límite de lo decible sobre el pasado reciente y trivializa la violencia estatal.

La frase se inscribe en una secuencia más amplia de gestos negacionistas o relativizadores por parte del oficialismo. Al usar a las Fuerzas Armadas como vara de eficacia gubernamental, Milei reintroduce una referencia positiva a un actor histórico asociado al genocidio y la represión ilegal [20]. Ese tipo de intervención busca desgastar el consenso memorialista argentino y reabrir una disputa cultural que la extrema derecha considera estratégica.

Contra las instituciones del Estado de derecho

El principal límite institucional de la semana llegó desde la Cámara Nacional Electoral, que anuló el DNU con el que Milei había transferido a Migraciones la potestad de otorgar ciudadanía. El tribunal sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Poder Judicial y violó la Constitución [6, 37, 38]. No fue un revés menor: expuso una tentativa de concentración de poder en un área sensible mediante decreto.

Al mismo tiempo, el Gobierno profundizó la concentración interna del Ejecutivo al eliminar por DNU el Ministerio del Interior y transferir sus funciones a la Jefatura de Gabinete, ahora encabezada por Diego Santilli. La reforma amplía su control sobre provincias, Congreso, asuntos federales y régimen electoral, además de crear nuevas vicejefaturas [1, 39, 40]. El rediseño consolida una arquitectura más centralizada y reduce intermediaciones institucionales en la relación política del Estado nacional.

También crecieron las señales de captura o presión sobre organismos de control, justicia y empresas públicas. Persisten denuncias por tasaciones opacas de activos estatales a privatizar tras desplazar al Tribunal de Tasaciones [10, 41], mientras siguen abiertas derivaciones judiciales del caso Adorni, incluyendo audios con ofrecimientos de “soporte” a un contratista antes de declarar y testimonios sobre uso irregular de tarjetas de funcionarios [42, 43, 44]. Son indicios de un uso patrimonial del poder combinado con opacidad administrativa.

En paralelo, la ofensiva sobre el sistema judicial adquirió escala programática. Con más de la mitad de las fiscalías vacantes y decenas de ternas retenidas por el Ejecutivo [45], el Gobierno ahora impulsa además limitar el mandato del Procurador General y avanzar en la designación de alrededor de 300 jueces nacionales y federales [46, 47]. La magnitud del recambio proyectado, sumada a negociaciones sobre el Consejo de la Magistratura [48], anticipa una disputa por reconfigurar los contrapesos judiciales desde el poder político.