Milei judicializa el ajuste y esquiva al Congreso

El Gobierno combinó ofensivas ante la Corte para sostener el recorte universitario y la reforma laboral con nuevas decisiones por decreto en materia de defensa. Al mismo tiempo, profundizó despidos, quita de ingresos y conflictos sociales, mientras crecen denuncias por uso discrecional del Estado.

Resumen

• El Gobierno redobló su ofensiva judicial para sostener el ajuste, con recursos ante la Corte sobre financiamiento universitario y reforma laboral que buscan revertir fallos adversos y saltear instancias intermedias.
• Milei volvió a esquivar al Congreso al autorizar por DNU el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios conjuntos, ampliando el uso de decretos en decisiones sensibles de defensa.
• La reforma del sistema de inteligencia reabrió alarmas por mayor opacidad y posibles capacidades de vigilancia interna, en un país con antecedentes persistentes de espionaje político.
• El deterioro social se profundizó con nueva caída del salario real, despidos en el Servicio Meteorológico Nacional y conflictos sindicales por el impacto del ajuste sobre empleo y servicios públicos.
• La eliminación de programas sociales para más de un millón de personas y el desalojo de trabajadores en Chapadmalal mostraron un ajuste que combina recorte de ingresos, vivienda y protección estatal.
• Avanzaron denuncias por contratos, favores y designaciones de allegados en áreas estatales vinculadas a funcionarios y dirigentes libertarios, erosionando la narrativa oficial de combate a la "casta".

Contra la cultura

El Gobierno presentó recursos para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y llevar el caso directamente a la Corte Suprema, pese a fallos que ordenan cumplir con los fondos previstos [1, 2]. La disputa no es solo presupuestaria: involucra la autonomía de las universidades públicas y de los colegios preuniversitarios, que volvieron a movilizarse junto con docentes. En términos políticos, la estrategia consolida una forma de desfinanciamiento por litigio, donde el Ejecutivo usa herramientas judiciales para sostener el ajuste sobre un sistema que en Argentina tiene un peso central en producción científica, movilidad social y vida cultural.

Contra la política

Las reformas impulsadas sobre el sistema de inteligencia reactivaron preocupaciones por una expansión de facultades de vigilancia bajo mayor opacidad [3]. En Argentina, la ex SIDE arrastra una larga historia de espionaje interno, uso político y baja rendición de cuentas; por eso, ampliar secreto y discrecionalidad no es un cambio técnico sino una señal de continuidad autoritaria. El problema de fondo es la combinación entre concentración de información sensible, debilidad de los controles democráticos y potencial uso disciplinador sobre actores sociales, opositores y periodistas.

Milei también autorizó por DNU el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares conjuntos, evitando el tratamiento legislativo [4]. Aunque este tipo de decisiones toca competencias sensibles de defensa y soberanía, el Ejecutivo volvió a privilegiar el decreto sobre la deliberación parlamentaria. El patrón refuerza una práctica de gobierno que presenta al Congreso como obstáculo prescindible y desplaza decisiones estratégicas hacia un círculo reducido del Poder Ejecutivo.

Contra las personas en situación de pobreza y la clase trabajadora

La ofensiva judicial del Gobierno sobre la reforma laboral mostró un nuevo intento de revertir cautelares y llegar por vía directa a la Corte, al mismo tiempo que cuestionó la legitimidad de la CGT, la principal central sindical del país [5]. No se trata solo de una disputa procesal: el Ejecutivo busca acelerar una reconfiguración regresiva de derechos laborales reduciendo mediaciones sindicales y controles judiciales. Esa combinación entre flexibilización, deslegitimación de la representación obrera y atajo institucional es consistente con agendas de extrema derecha que presentan la protección laboral como privilegio corporativo.

Los datos económicos y los conflictos sectoriales muestran que el ajuste ya tiene traducción material sobre el trabajo y los ingresos [6, 7]. En febrero, los salarios registrados volvieron a caer en términos reales y acumularon seis meses de retroceso, mientras el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional motivó un paro de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. El caso es relevante porque combina pérdida de empleo público con deterioro de capacidades estatales: recortar personal en un organismo que produce pronósticos y alertas afecta tanto a sus trabajadores como a servicios críticos para toda la población.

La eliminación de dos programas sociales que alcanzaban a más de un millón de personas y la orden de desalojo sobre trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal profundizaron la presión sobre sectores populares [8, 9]. Capital Humano retiró ingresos de bajo monto pero alta capilaridad territorial, lo que disparó marchas y piquetes; en paralelo, familias vinculadas laboralmente a un predio estatal quedaron expuestas a perder también su vivienda. El ajuste fiscal aparece así como un proceso regresivo integral: reduce ingresos, empleo, protección social y condiciones de reproducción cotidiana de la clase trabajadora.

Contra las instituciones del Estado de derecho

El uso del per saltum y de recursos extraordinarios para llevar directamente a la Corte los casos de reforma laboral y financiamiento universitario confirmó una estrategia de judicialización selectiva al servicio del Ejecutivo [10, 1, 5]. La Procuración del Tesoro, alineada políticamente con el núcleo presidencial, pasó de litigar en instancias ordinarias a intentar saltear escalones procesales cuando las decisiones judiciales obstaculizan el programa de ajuste. Más que una defensa técnica del Estado, el movimiento sugiere instrumentalización del sistema judicial para blindar prioridades políticas del gobierno.

La autorización por decreto del ingreso de tropas estadounidenses también tiene una dimensión institucional más amplia [4]. Al evitar al Congreso en una materia donde la intervención legislativa funciona como control republicano, el Gobierno refuerza la concentración de poder en la Presidencia. En sistemas presidencialistas como el argentino, el abuso de decretos no solo acelera decisiones: altera el equilibrio entre poderes y normaliza un Ejecutivo con baja tolerancia a la deliberación.

A la vez, crecieron denuncias sobre posibles redes de favores, contrataciones cruzadas y designaciones de allegados en la estructura estatal [11, 12, 13]. Los casos que involucran a Manuel Adorni, empresas vinculadas a su entorno y referentes libertarios en Tucumán apuntan a un patrón clásico de captura estatal: uso de cargos, contratos y organismos públicos para beneficiar relaciones personales o familiares. La contradicción es políticamente significativa porque un gobierno que llegó con retórica anti-casta enfrenta cuestionamientos por prácticas de opacidad, nepotismo y tráfico de influencias.